
Una sentencia reciente del Tribunal Supremo sostiene que el establecimiento de la TCP como obligatoria es excesivo y vulnera el derecho al trabajo ya que dificulta la contratación de quienes no han sido previamente trabajadores del sector, aunque tengan formación en prevención.
Por este y otros motivos se ha anulado la obligación de que los trabajadores del sector cuenten antes del 31 de diciembre de 2011 con la tarjeta.
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